jueves, 31/05/12 - 00: 03 h
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó hoy de "desproporcionado" y "duro golpe" al periodismo de investigación la sentencia contra dos periodistas ecuatorianos que les obliga a pagar dos millones de dólares por difamar al presidente de Ecuador, Rafael Correa.
Miami (EE.UU.), 8 feb.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó hoy de "desproporcionado" y "duro golpe" al periodismo de investigación la sentencia contra dos periodistas ecuatorianos que les obliga a pagar dos millones de dólares por difamar al presidente de Ecuador, Rafael Correa.
"La gravedad de esta sentencia, desproporcionada al supuesto daño causado, radica en que inhibirá a otros periodistas a realizar investigaciones", aseguró hoy el presidente de la SIP, Milton Coleman.
En su opinión, también impedirá que "el Gobierno rinda cuentas sobre asuntos públicos, creará autocensura y desalentará a los medios de su función periodística, aspectos todos fundamentales para una democracia".
Coleman, editor del diario The Washington Post, enfatizó en un comunicado que el fallo judicial contradice principios interamericanos sobre la libertad de expresión.
Entre esos principios detalló la "proporcionalidad de la reparación, la necesidad de que los funcionarios públicos deben estar más expuestos a la crítica", y que la decisión "desconoció el criterio de la real malicia o la comprobación de que el demandado tuvo intención expresa de causar un daño".
Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, coautores del libro "El gran hermano", fueron condenados el martes a pagar una indemnización de un millón de dólares cada uno a Correa por el "daño moral" causado por la difusión de ese libro.
El mandatario ecuatoriano interpuso una demanda contra los periodistas en febrero de 2011 por el contenido del libro, en el que se denuncian "la realización de contratos irregulares y privilegiados entre el Estado y el hermano mayor del presidente, Fabricio Correa".
Según la SIP, en reiteradas ocasiones, incluso ante una delegación de esta organización en Quito el año pasado, ambos periodistas han rechazado la acusación de mentir en su libro y aseguran que "el propio Fabricio Correa denunció ante ellos los hechos".
En la demanda interpuesta por el presidente Correa se solicitaba una compensación de diez millones de dólares.
La SIP resaltó que en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2011 se argumentó que las medidas civiles de responsabilidad ulterior pueden también configurar censura indirecta con un carácter de mayor inhibición que las responsabilidades penales.
Con respecto a la sentencia, recordó una declaración emitida por el relator especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre Libertad de los Medios, y el relator especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión.
Esa declaración afirmaba que "las sanciones civiles por difamación no deben ser de tales proporciones que susciten un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión".
Las sanciones, añadía, "deben ser diseñadas para restablecer la reputación dañada, y no para indemnizar al demandante o castigar al demandado" y, en especial las pecuniarias, "deben ser estrictamente proporcionales a los daños reales causados".
En este sentido, la SIP pone como ejemplo que, al despenalizar los casos de difamación, el Congreso de El Salvador estableció techos para las compensaciones, para evitar así indemnizaciones "desmesuradas que podrían inducir a la quiebra o cierre de medios de comunicación".
La SIP también recordó hoy que Correa, entre otros juicios contra la prensa, tiene pendiente un caso -que ha sido recurrido- contra los directivos del diario El Universo y su exjefe de opinión Emilio Palacio, en el que los demandados fueron condenados a tres años de cárcel y a pagarle una indemnización de 40 millones de dólares.
Palacio pidió hoy formalmente asilo en Miami arguyendo que teme ser perseguido en su país debido a sus "opiniones políticas" y por ser "miembro de un determinado grupo social", el conformado por los "periodistas independientes en Ecuador".
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