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Politólogos murcianos subrayan la falta de control en los partidos, y reclaman una ley regional de transparencia

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sábado, 16/02/13 - 12:17

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Los politólogos de la Región de Murcia coinciden en que hace falta un mayor control en los partidos políticos y en su financiación, por lo que reclaman una ley regional de transparencia, un registro público de subvenciones, la publicación detallada de las cuentas de las formaciones y mecanismos de transparencia en la contratación pública, entre otras medidas.

MURCIA, 16 (EUROPA PRESS)

Los politólogos de la Región de Murcia coinciden en que hace falta un mayor control en los partidos políticos y en su financiación, por lo que reclaman una ley regional de transparencia, un registro público de subvenciones, la publicación detallada de las cuentas de las formaciones y mecanismos de transparencia en la contratación pública, entre otras medidas.

Así lo ha hecho saber a Europa Press el politólogo, periodista y vicesecretario de Comunicación del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región, Antonio Pérez Hernández, tras ser preguntado por los últimos casos de presunta financiación irregular en partidos políticos.

El portavoz afirma que los partidos de la Región están sujetos a la misma ley nacional de financiación, que estipula que deben percibir un tercio de los recursos en función de su representación parlamentaria y los dos tercios restantes en función de los votos recibidos.

En este sentido, añade que el Colegio de Ciencias Políticas no ha adoptado recientemente ninguna posición oficial sobre la financiación de los partidos porque no ha procedido a su debate, pero recuerda que la institución ha suscrito el Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno, que recoge un decálogo de medidas encaminadas a recuperar la confianza de los ciudadanos en la política.

Se trata de un documento impulsado por medio centenar de ciudadanos murcianos de distintos ámbitos sociales, profesionales e ideológicos que ha sido suscrito ya por más de 300 personas y una veintena de organizaciones sociales y políticas.

Entre otras cosas, el Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno apuesta por obligar a los partidos políticos a ofrecer en los seis meses posteriores a cualquier campaña electoral un balance detallado de los ingresos y gastos que habían tenido en los comicios.

Asimismo, el Pacto considera oportuno que los partidos políticos realicen una liquidación anual de ingresos y gastos del mantenimiento ordinario de sus organizaciones locales y regionales, con un inventario de su patrimonio y sus deudas, según recuerda Pérez.

También reclama un registro público de subvenciones en el que se pudieran consultar las organizaciones que donan el dinero a los partidos; así como un mecanismo de transparencia de toda la contratación pública, porque es otro de los ámbitos en los que prolifera la corrupción.

LOS POLÍTICOS, LOS PRIMERO "ESTAFADOS"

Al margen del Pacto por la Transparencia, el portavoz del Colegio de Ciencias Políticas explica que los politólogos estiman fundamental reformar el Tribunal de Cuentas, que es el órgano encargado de fiscalizar a los partidos, porque realiza su labor "de forma insuficiente".

Para Pérez, este tribunal debería estar formado por jueces de carrera, y "no por políticos jubilados que, además, son gente de confianza de los partidos". Además, cree que deben de contar con más medios, porque el último ejercicio que el Tribunal ha fiscalizado es de 2007.

Del mismo modo, apuesta por incorporar al Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito, que ahora mismo no está recogido; así como realizar una reforma para que no prescriban los delitos de corrupción; y excluir de la financiación pública a los partidos condenados en sentencia firme por financiación irregular.

Asimismo, reclama a los ciudadanos "más intolerancia" con la corrupción, y cree que esta intolerancia debe de hacerse extensiva a los propios partidos políticos, porque el que es corrupto "está compitiendo de forma desleal con el resto de sus compañeros, porque tienen otros recursos. Los políticos honrados deberían sentirse los primeros estafados", añade.

Por otro lado, los politólogos creen que se deberían eliminar las arbitrariedades en las aportaciones económicas a las fundaciones que dependen de los partidos políticos. Consideran "un escándalo" que el dinero que reciben estas fundaciones "cambie de un año para otro" en función de que si el partido al que pertenecen está en el gobierno o no.

"Su trabajo intelectual debería valer lo mismo independientemente de si están en el gobierno o no", considera Pérez. "O se eliminan estas arbitrariedades o, directamente, las fundaciones de los partidos no deberían de recibir financiación pública o financiarse con las aportaciones de los partidos".

Este politólogo también propone que se limite la acumulación de las retribuciones públicas, porque "hay altos cargos que cobran simultáneamente, por ejemplo, por ser alcaldes, por ser presidentes de diputación y consejeros en cualquier empresa pública".

Considera razonable que los cargos tengan un sueldo público "porque se les supone dedicación completa", pero lamenta que los políticos que acaparan varios puestos no pueden ejercer su responsabilidad de forma tan exhaustiva, y propone igualmente limitar la compatibilidad de pensiones con otros ingresos, ya que se trata de un asunto que "indigna mucho a la ciudadanía".

Por ejemplo, estima "razonable" que los expresidentes de Gobierno Felipe González y José María Aznar reciban una pensión porque se han dedicado a la política y han abandonado su vida privada para ello. Sin embargo, cree que deberían de renunciar a estas pensiones en el momento en el que son contratados por grandes empresas y empiezan a percibir "un sueldo elevado".

De todas formas, cree que los ciudadanos deberían ser "menos cínicos" y reconocer que los políticos, en general, "están mal pagados" y, en especial, "los altos cargos". Por ejemplo, considera "una miseria" que el presidente Mariano Rajoy cobre 75.000 euros con las responsabilidades que tiene.

Igualmente, propone la reducción de los cargos de libre designación en la administración, y ser más escrupulosos en la aplicación de la ley de incompatibilidades en el ejercicio de los cargos públicos, para evitar que alguien consiga contratos por la información que ha obtenido durante el tiempo que ha ocupado un cargo público.

FINANCIACIÓN DEL PP

Respecto a la presunta financiación irregular del PP, Pérez cree que lo más importante "no es el destino del dinero negro" y el pago a altos cargos, ya que se trataría de cantidades "muy pequeñas" que ni siquiera constituirían un delito fiscal. El problema, en su opinión, es la procedencia de ese dinero negro.

Esta es la base del debate sobre las donaciones. Pérez reconoce que se trata de un asunto polémico que divide a los propios politólogos. De hecho, algunos de ellos están a favor de que se prohíban las donaciones anónimas o que se limiten, mientras que otros creen que los partidos deberían financiarse sólo con dinero privado.

Pone como ejemplo los Estados Unidos, donde hay financiación pública, pero los candidatos presidenciales renuncian a ella para no estar limitados a la hora de recolectar fondos privados.

En cualquier caso, los politólogos coinciden unánimemente en que las donaciones deberían de ser "transparentes" y con "nombres y apellidos". A su parecer, el anonimato no debería estar permitido, puesto que quien paga algo "condiciona" al receptor, y los ciudadanos tienen derecho a saber "quién está condicionando a los partidos y qué recibe a cambio".

Pérez no delimita esta transparencia a las donaciones que se entregan a los partidos políticos, sino también a las ayudas y servicios que se prestan a los partidos como, por ejemplo, las condonaciones de deuda o préstamos con tipos de interés favorable.

No obstante, reconoce que es muy difícil perseguir y evitar este tipo de prácticas se produzcan de forma "soterrada", porque a las empresas "no les interesa que están financiando campañas electorales".

Este tipo de prácticas recibe el nombre de "cualidad hidráulica" del dinero de los partidos, que consiste en que "la vía ilegal de aportaciones sube muchas veces de forma automática cuando disminuye la vía legal", explica Pérez.

(EuropaPress)

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