La Ley de Transparencia dará derecho de acceso a toda la información pública

29/07/2011 | lainformacion.com

El Gobierno ha visto hoy el informe de la futura Ley de Transparencia que, por primera vez en España, configurará el derecho universal a acceder a la información elaborada o adquirida por los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones, cualquiera que sea su soporte.

Madrid, 29 jul.- El Gobierno ha visto hoy el informe de la futura Ley de Transparencia que, por primera vez en España, configurará el derecho universal a acceder a la información elaborada o adquirida por los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones, cualquiera que sea su soporte.

El Ejecutivo ha recibido el informe del ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, sobre esta ley que, con toda seguridad, no será aprobada en lo que resta de Legislatura después del adelanto electoral anunciado hoy para el próximo 20 de noviembre por el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública configurará, según el Ejecutivo, un derecho nuevo para los ciudadanos y que será, por tanto, exigible ante los tribunales.

Así, no será necesario motivar la solicitud de información, que habrá de ser resuelta en el plazo máximo de un mes ampliable a otro si el volumen o la complejidad de la información así lo hacen necesario.

Democratizará el acceso a la información pública y actuará como salvaguarda frente a la mala administración y las prácticas opacas o irregulares y contiene medidas para que los diferentes entes y organismos publiquen, "de manera proactiva" y preferentemente por medios electrónicos, toda información que sea relevante para los ciudadanos en sus relaciones con las distintas administraciones.

La única excepción serán aquellas informaciones cuya publicación afecte a la protección de datos de carácter personal o a otros valores constitucionales, como la defensa y la seguridad del Estado.

En el anteproyecto figura que los ciudadanos podrán así auditar el uso del dinero público (contratos, subvenciones, convenios, ejecución presupuestaria) y controlar el ejercicio de la actividad administrativa y prestación de servicios públicos, además de conocer la justificación de las decisiones que adopten el Gobierno, las autonomías y los ayuntamientos.

La ley permitirá además que se hagan públicos los anteproyectos en trámite de audiencia que sean de especial trascendencia, al igual que los informes o estudios que se encarguen, con indicación de su objeto, autor y coste.

(Agencia EFE)