La inminente reforma de la Carta Magna ya ha dado su primer paso. Este martes el Congreso ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley que recoge el acuerdo entre PP y PSOE para reformar el artículo 135 para que la Constitución recoja un límite al déficit y deuda pública.
Pero lo ha hecho sólo con los votos de los dos principales partidos y los dos diputados de UPN, que han votado a favor. El resto de grupos parlamentarios se ha desmarcado del acuerdo entre PSOE y PP y han sometido a ambas formaciones han tenido que hacer frente a una lluvia de duras críticas: se les ha acusado de romper con el espíritu de consenso que contempla la Constitución, de rendirse a las exigencias de los mercados y de Alemania y por reformar la Carta Magna en apenas unos días, sin análisis ni reflexión previa.
La toma en consideración ha salido adelante con 318 votos (PSOE, PP y UPN), 16 votos en contra (PNV, UPyD, ERC IU, ICV, BNG, Naba y el diputado socialista Antonio Gutiérrez) 2 abstenciones (Coalición Canaria).
La gran sorpresa ha sido la decisión de CiU de no votar porque no se ha contado con ellos en este proceso que han protagonizado PSOE y PP. Esta postura y el voto en contra de Antonio Gutiérrez, ex secretario general de CCOO, han sido las anécdotas de la jornada. Había otros diputados que habían manifestado su oposición a la reforma, pero algunos no han acudido al Congreso y otros han seguido la disciplina del partido.
"Se rompe el proceso constituyente"
Y es que las críticas más duras las han realizado los portavoces de CiU e Izquierda Unida. Josep Antoni Duran i Lleida ha dicho que el acuerdo entre PSOE y PP sin contar con el resto de fuerzas políticas es “una ruptura del proceso constituyente. La Constitución no fue solo objeto de los dos grandes partido, sino que existe gracias a todos”.
Si bien se ha mostrado abierto a plantear enmiendas a la propuesta, Duran ha criticado que se trata de “una reforma exprés”, que se realiza en cuatro días, cuando la Constitución requiere un debate con “seriedad”. Y ha destacado que con este cambio “se diluye” la participación de las Comunidades Autónomas y se limita su capacidad financiera.
Llamadas a la rebelión
Por su parte, Gaspar Llamazares, de IU, ha instado a los parlamentarios a amotinarse y rebelarse contra lo que está ocurriendo. “Total, para lo que nos queda en el convento….”, ha dicho.
Rosa Díez, de UPyD, se ha preguntado en la tribuna "si no habrá 35 diputados que voten en conciencia en vez de seguir la disciplina del partido" y Joan Riado, de ERC, ha hecho un llamamiento a los parlamentarios a no participar en la votación para "evidenciar la soledad" de PP y PSOE.
¿Quién ha pedido el referéndum?
Llamazares ha insistido en la necesidad de que se convoque un referéndum porque PP y PSOE están “rompiendo la soberanía de los ciudadanos por la soberanía de los mercados”. Y ha criticado que esta reforma se haga “con agostabilidad y alevosía y en 48 horas”.
BNG, IU, ERC y UPyD han sido las formaciones que más han insistido en la necesidad de convocar una consulta popular respecto a este cambio en el texto constitucional.
Josu Erkoreka, portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, -tradicional socio del Gobierno en esta legislatura- también se ha desmarcado del acuerdo. Para el PNV esta reforma es “un atropello” porque mientras que cualquier ley cuenta con amplios dictámenes e informes, esta vez ni se ha consultado a los órganos consultivos como el Consejo de Estado.
Y Erkoreka ha negado que se trate de una reforma “técnica” como defienden PSOE y PP, sino que es “una reforma profundamente ideológica” que “no va a a tranquilizar a los mercados” porque éstos no quieren que se ate las manos a las Administraciones, sino que se “las esposen”.
Los argumentos de PP y PSOE
Un hecho poco habitual es ver a los dos grandes partidos de acuerdo en algo. Este martes, sin embargo, los portavoces de PSOE y PP en el Congreso ha coincidido en defender que esta reforma es necesaria por la grave situación económica, por la necesidad de que España transmita confianza a sus acreedores, y para poder preservar el Estado del Bienestar.
"No se recorta gasto social. Si se recorta depende de la evolución de la economía y del Gobierno de ese momento", ha dicho José Antonio Alonso, portavoz socialista. Soraya Sáez de Santamaría, portavoz del PP, ha destacado que a partir de ahora "la estabilidad presupuestaria no es una opción, sino una obligación constitucional".
Lo que aún le queda a la reforma
Tras la toma en consideración de la reforma Constitucional aprobada este martes en el Congreso, ahora se abre un plazo de enmiendas que culmina el próximo jueves.
Así, este viernes será ese día cuando se vote finalmente la reforma, que se debatirá la semana que viene en el Senado.
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