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domingo, 26/10/14 - 06: 14 h

vivienda y planificación urbana

AMP.El exedil García de Coca "echa el muerto" de las irregularidades en el PGOU al arquitecto Carlos Cándido Fraile

lainformacion.com

jueves, 10/01/13 - 14:15

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El que fuera concejal de Urbanismo reitera que la mayoría de documentos los firmaba sin siquiera leerlos
AMP.El exedil García de Coca "echa el muerto" de las irregularidades en el PGOU al arquitecto Carlos Cándido Fraile

El que fuera concejal de Urbanismo reitera que la mayoría de documentos los firmaba sin siquiera leerlos

VALLADOLID, 10 (EUROPA PRESS)

Al final, la culpa la tiene el muerto, o al menos esa parece ser la máxima sostenida por José Antonio García de Coca, exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valladolid que hoy volvió a declarar, por segunda vez, en calidad de imputado en sede judicial con motivo de las investigaciones abiertas para esclarecer las graves irregularidades cometidas en 2003 en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, supuestamente, favorecieron los intereses de determinados propietarios de suelo en la ciudad.

Y es que el exedil del área urbanística en el Consistorio ha vuelto a comparecer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1, José María Crespo, para no sólo invocar su inocencia sino para, tal y como ha explicado el letrado de la Federación de Asociaciones Vecinales, Carlos Castro, que ejerce como acusador popular, para "echar el muerto" de lo ocurrido al que fuera arquitecto municipal Carlos Cándido Fraile Casares, fallecido en abril de 2006.

"Según él, como ya dijo en su día, sólo hay un responsable que es lamentablemente la persona que ha fallecido y que fue quien hizo y controló todo, sin que nadie más se percatara de lo ocurrido hasta tiempo después", ha resumido el representante de la acusación popular en declaraciones recogidas por Europa Press.

Pero además, en su alegato exculpatorio el exconcejal, hoy profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Valladolid, ha sostenido ante el juez, como ya hiciera en su anterior declaración, que no estaba al tanto ni conocía buena parte de las actuaciones que se seguían en su departamento porque, en palabras del letrado Jesús Verdugo, defensor de dos técnicos municipales que han declarado también como imputados, no leía muchos de los informes y documentos que firmaba.

"Habla de que las juntas de gobierno duraban veinte minutos y se veían ochenta asuntos, con lo que leer el epígrafe era más que suficiente", ha resumido Verdugo respecto del testimonio aportado por García de Coca durante el interrogatorio celebrado hoy, en el que el exedil se ha acogido a su derecho de no responder a las preguntas de la acusación popular, y de atender únicamente a las formuladas por la fiscal de Urbanismo, Ana Valle, así como de su letrado y del representante legal del arquitecto municipal Luis Álvarez Aller, que declaró el miércoles también en calidad de imputado.

Se abre ahora la incógnita de si tras estas últimas testificales el juez instructor practicará más prueba o dará por concluida la fase indagatoria, con el sobreseimiento de la instrucción o dictando el correspondiente auto de imputación contra las diecisiete personas que han testificado como imputadas o parte de ellas.

PRUEBAS DE "NEGLIGENCIA"

Al respecto, los abogados Carlos Castro y Jesús Verdugo han coincidido en que la lógica invita a pensar que el juez instructor dictará auto de imputación ya que, en opinión del segundo de ellos, "puede haber material desde el punto de vista de la negligencia de un conjunto de personas que durante el proceso no se ha dado cuenta de unas graves alteraciones que favorecieron a terceros", responsabilidad de la que ha excluido a los dos técnicos municipales a quienes representa.

En la misma línea, el acusador popular, quien no ha descartado solicitar al juez alguna prueba complementaria, está convencido de que el instructor cuenta en su mesa con material más que suficiente para dictar el correspondiente auto de imputación, si bien ha reconocido que del total de interrogados tan sólo debería ser imputada una muy reducida parte, "los responsables de ese conjunto de actuaciones que produjo esa variación, discordancia o manipulación entre lo que se aprobó en el pleno y lo que finalmente se acabó publicando".

Hasta la fecha, por dependencias judiciales han 'desfilado' diecisiete personas imputadas, entre ellas, además los ya citados García de Coca y Álvarez Aller, el propio alcalde, Francisco Javier León de la Riva, así como antiguos miembros de la corporación (Tomás Punzano, María Luisa Ramírez y José Carlos Muñoz Mateos) y de los todavía hoy ediles Gonzalo Hernández Santamaría y Manuel Sánchez, junto con el arquitecto Pablo Luis Gigosos.

El denominado 'Caso del PGOU' de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista, que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos --el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y cinco planos-- y consideró como principal responsable al exedil de Urbanismo, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de la Junta.

"A partir de ese momento, el concejal de Urbanismo y quizás otras personas realizaron alteraciones subrepticias en el texto refundido que fueron enviadas de nuevo a la Consejería de Fomento para ser publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León", denunció cinco años después el que hoy sigue siendo presidente del Grupo Socialista, Óscar Puente.

La denuncia de los socialistas fue puesta en manos del Juzgado Decano por parte de la Fiscalía vallisoletana, que pidió la declaración de García de Coca como imputado y apuntaba la posibilidad de recabar el testimonio del propio alcalde y del consejero de Fomento, Antonio Silván, así como de encomendar a la Policía Judicial la investigación con el acceso a toda la documentación mencionada y averiguar qué personas se beneficiaron de las modificaciones realizadas en el texto del PGOU.

Aunque los hechos fueron denunciados por el grupo de concejales socialistas, éstos no han podido personarse en las diligencias debido a la elevada fianza exigida, algo que, por el contrario, sí han logrado hacer la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, que figura como acusación pública tras desembolsar 8.000 euros de fianza.

(EuropaPress)

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