Construcción en la playa: 2; protección de la costa: 0

02/02/2012 | Sara Acosta

El ministro de Agricultura y Medio Ambiente Arias Cañete anuncia en su primera comparecencia pública que “frenar la actividad económica en el litoral no garantiza su conservación”

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Un vendaval de cambio en toda la legislación ambiental vigente recorrió ayer la comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, ante la que compareció por petición propia el recién estrenado ministro de Agricultura, y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. En un tono anodino y sin apenas vocalizar por la velocidad a la que iba repasando absolutamente todo en materia ambiental, Cañete se quejó de la “la herencia adquirida” del anterior Gobierno, en concreto de la polémica Ley de Costas, en vigor desde hace 23 años, sobre la que la semana pasada anunció una “reforma en profundidad”.

Aunque no explicó las líneas que seguirán los cambios que quiere el nuevo Gobierno, sí avanzó que ampliará más allá de 2018 el plazo en el que viviendas e industrias situadas en la zona de deslinde - hasta dónde llega la zona marítima terrestre y dónde se puede urbanizar – podrán seguir en la playa. Por el momento, propietarios en toda España esperan a que sus casas vuelvan a manos del Estado y previsiblemente sean derribadas. En esa situación se encuentran propietarios extranjeros, sobre todo ingleses y alemanes, a quienes nadie advirtió de que sus títulos de propiedad podían ser papel mojado ante la protección del litoral que acarrea la Ley de Costas.

Desde el sector ecologista, el anuncio de Cañete se percibe como una muerte de la histórica ley, “cuyo afán era precisamente proteger el litoral”, explica Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción. Esta organización ve con especial preocupación el anuncio del ministro de “hacer que el litoral sea compatible con la actividad económica para superar la crisis”, y para el que el Gobierno “elegirá los mejores proyectos con ayuda del sector privado”. Según Segura, “es un sencillo anuncio de que se va a desproteger el litoral”.

Facilitar la desafección del dominio marítimo, como anunció el responsable de Medio Ambiente, “es dar por buenas las ocupaciones”, explica Pilar Ramos, responsable de Costas de Greenpeace. Esta organización ha reclamado a los sucesivos gobiernos el número de sentencias que pesan sobre las propiedades en zonas costeras, incluidos hoteles como El Algarrobico, en Almería, “sin éxito, porque no lo saben”. Sólo se tienen cifras de Canarias, donde en Lanzarote hay abiertas 22 sentencias de demolición.

En esta línea, Cañete se ha comprometido a dar transparencia a los deslindes, “porque efectivamente falta hacer la foto de cuántas propiedades se verán afectadas”, explican en Greenpeace, no sin matizar que “el 90% de los pleitos los ha ganado el Estado, es una norma avalada por la Constitución”, añade Marcos. La Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas estima en unos 400.000 los propietarios afectados por la norma.

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