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viernes, 18/04/14 - 11: 20 h

sindicato del colectivo de los médicos

Nueve prisiones de Florida privatizan su asistencia sanitaria

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viernes, 04/01/13 - 19:57

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El Departamento de Prisiones de Florida (sureste de EE.UU.) firmó un acuerdo con una empresa privada de salud por 48 millones de dólares para que esta se encargue de la atención sanitaria de nueve cárceles del sur del estado, informó hoy este organismo.

Miami (EE.UU.), 4 ene.- El Departamento de Prisiones de Florida (sureste de EE.UU.) firmó un acuerdo con una empresa privada de salud por 48 millones de dólares para que esta se encargue de la atención sanitaria de nueve cárceles del sur del estado, informó hoy este organismo.

El contrato bajo licitación con Wexford Health Sources supondrá a los contribuyentes un "ahorro de un millón de dólares mensuales", dijo a Efe Ann Howard, directora de comunicaciones del Departamento de Prisiones de Florida, quien reconoció que la medida afectará a unos 400 trabajadores.

La transición para que las operaciones de la atención sanitaria pasen a manos de Wexford Health Sources será "ordenada" y tardará en realizarse unos 90 días, agregó Howard.

La duración del contrato es de cinco años, renovables, y, durante estos, la empresa "proporcionará un atención sanitaria integral" a los reclusos en penales situados en Hardee, DeSoto, Charlotte, Okeechobee, Martin, Miami-Dade, Annex, Everglades y Homestead.

Wexford Health Sources, que opera ya en más de 200 centros penales y de cuidado mental del país, "está orgullosa de asociarse con Prisiones para proporcionar cuidados de salud al colectivo de reclusos en el sur de la región", señaló en un comunicado Darius Holmes, vicepresidente de desarrollo de la compañía.

Activistas y funcionarios de prisiones han expresado su preocupación por la privatización de servicios en los centros de detención y el efecto negativo que puede tener sobre la comunidad, al dejar sin trabajo a muchas personas.

Activistas de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) y grupos de funcionarios de prisiones se oponen a cualquier tipo de privatización de los centros de detención porque la medida, dicen, supone la pérdida de miles de empleos.

(Agencia EFE)

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